NOTA DE PRENSA

 

EL P.G.O.U. DE CONIL: LAS RAZONES DE SU SUSPENSIÓN 

Junta Coordinadora de La Laja

La reciente Sentencia de 16-09-03 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que suspende el PGOU de Conil viene a demostrar el “chapucero” proceso de aprobación de dicho instrumento de planeamiento. Desde el punto de vista de la Asociación La Laja, la culpa de lo ocurrido la tienen, a partes iguales, la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CPOTU) de Cádiz y al Ayuntamiento de Conil.

El PGOU era todavía en 2001, tras casi 12 años de elaboración y tramitación, un documento “inmaduro”. Seguía siendo agresivo con el litoral (a pesar de las “desclasificaciones” de suelo) e indiferente con el acelerado deterioro del Conjunto Histórico. Pretendía “legalizar” el diseminado rural sin urbanizarlo, etc. Aparte de los innumerables defectos de forma (falta de documentación, de planos, incorrecciones de todo tipo...). No obstante, el documento fue aprobado por la CPOTU de modo “definitivo”, aunque pendiente de numerosas subsanaciones y/o modificaciones “esenciales”, que debían ser introducidas en un Texto Refundido.

Pero el Tribunal de Justicia de Andalucía sentenció que no tenía valor la aprobación de la CPOTU de agosto de 2001, lo que equivale “de facto” a la suspensión del PGOU de Conil. El hecho causó gran alarma y desconcierto entre el Equipo de Gobierno, lo que aprovecharon sectores de la oposición municipal para pedir la dimisión del Alcalde. Pero el concejal de Urbanismo, volviendo apresuradamente de sus vacaciones en la Costa del Sol, contraatacaba: iremos al Supremo (amparados, esta vez, por la Junta, o a “rebufo” de ella). Ello ha posibilitado que el PGOU siga hoy en vigor, pendiente de la Sentencia que dicte el Tribunal Supremo, dentro de dos o cuatro años... A La Laja le preocupa esta “huida” hacia delante, sin reconocer errores. Creemos que en las tareas de gobierno, no conviene dejarse llevar por “impulsos”... que luego pudiéramos lamentar.

Pues ¿y si el Supremo ratifica la Sentencia?. ¿Han pensado en ello nuestros gobernantes?. ¿Para qué seguir ejecutando un PGOU que sólo genera incertidumbre? ¿No hubiera sido más sensato suspender temporalmente el planeamiento vigente desde enero de 2003, volver a sacar a exposición pública para Alegaciones el Texto Refundido íntegro (no se puede “hurtar” la participación ciudadana) y certificar ante el Alto Tribunal Andaluz (¿serán del PSOE o del PP?) el cumplimiento de las modificaciones y/o subsanaciones, que no meros “defectos de forma” del Texto?. Ciertamente, las correcciones exigidas por la CPOTU se han introducido ya en el Texto, pero el Tribunal Andaluz lo desconoce. La Comisión no debió aprobar en 2001 un documento tan malo, pero lo hizo. Y, para mejorarlo, ha estado más de un año “negociando” el Texto Refundido con el Ayuntamiento. Esto ha tenido aspectos positivos y negativos. Lo positivo ha sido que el Texto Refundido ha mejorado notablemente el PGOU original, en aspectos “esenciales”, entre los que señalamos tres:

Ha reducido la edificabilidad litoral y ha empujado las edificaciones hoteleras fuera de la zona de servidumbre de Costas. En este sentido llaman la atención los comentarios que la ponente de la Comisión, doña Carmen Marcet, hacía sobre el PGOU: ¿cómo puede un documento que se dice conservacionista -se preguntaba- invadir el dominio público, creando pantallas arquitectónicas litorales? (El Chan, La Palmera...).

Ha obligando a incluir el compromiso municipal de elaborar un Plan Especial de Protección para el Conjunto Histórico, y se han introducido para protegerlo una normativa sobre licencias de obras, otra para a protección del patrimonio arqueológico e importantes cambios en varias Unidades de Ejecución. En La Chanca, por ejemplo, se prohibió expresamente -siguiendo las directrices de Cultura- la construcción de 19 viviendas “dentro” del edificio histórico y se exigió un Estudio de Detalle para las 15 viviendas que el planeamiento preveía construir en el borde físico del inmueble protegido (Estudio de Detalle que, dada su agresividad con el monumento, La Laja ha recurrido recientemente ante el TSJA).

Ha impedido la “legalización” de núcleos rurales, carentes de los más elementales servicios de alcantarillado, agua o electricidad, e integrados por una infinidad de construcciones ilegales, en su mayoría segundas residencias o casas para alquilar en verano. Este planteamiento va, además, contra la misma idea de “ordenación” que es el fundamento de todo Plan General -como recordó la Comisión. Se dijo al Ayuntamiento lo lógico: urbanicen ustedes primero, y después podrán considerar urbanos dichos “núcleos”.

 

cerrar