NOTA DE PRENSA

 

A LA OPINIÓN PÚBLICA

En Conil de la Frontera (Cádiz)

31 de Marzo de 2004

En septiembre de 2003, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) suspendió el PGOU de Conil. La argumentación del Alto Tribunal contra la aprobación del PGOU por la Comisión Provincial de Urbanismo (CPOTU) de Cádiz resultaba jurídicamente impecable: a) no se puede aprobar definitivamente un Plan General de Ordenación, pendiente de multitud de subsanaciones y/o modificaciones sustanciales, pues sin visión general del territorio no existe verdadero planeamiento; y b) un documento de dicha importancia normativa debe ser sometido íntegro a exposición pública. Dicha sentencia quedó en suspenso, de modo provisional, al recurrir la Junta de Andalucía ante el Tribunal Supremo, en el mismo mes de septiembre de 2003. Pero en marzo de 2004, la Junta de Andalucía ha retirado el recurso. Para justificar esta decisión sostiene que como el Texto Refundido del PGOU, aprobado por la CPOTU en enero de 2003, ha introducido todas las modificaciones exigidas, no hay razones para la aplicación de la sentencia del TSJA. Pero la retirada de la parte demandada (Junta de Andalucía) implica necesariamente -arguméntese lo que se quiera- conceder la razón a la parte demandante (Comunidad de propietarios de la urbanización de Roche), en cuya mano está ahora pedir o no la ejecución de la Sentencia.

LA LAJA tiene como objetivo fundamental la defensa del Patrimonio Natural y Cultural, y de modo específico la conservación del paisaje Litoral, la defensa del Patrimonio Histórico, Cultural y Etnológico, la mejora de la Calidad de Vida, el Uso Sostenible de los Recursos Naturales... y la Ordenación del Territorio (art. 2.1 de nuestros Estatutos), y entre sus estrategias está la búsqueda de la transparencia y la denuncia pública de todo aquello que deteriore el patrimonio de Conil (art. 2.6). Al dar a la prensa la noticia sobre la situación actual del PGOU de Conil sólo hemos pretendido, pues, cumplir con nuestros objetivos estatutarios, de modo responsable. LA LAJA no ha dado esta noticia para fastidiar a nadie, sino porque consideramos que es una noticia de enorme importancia para Conil, que el Ayuntamiento conocía pero que estaba ocultando a la opinión pública amparándose, supuestamente, en la interpretación que la Junta ha querido hacer.

Pero la Junta por activa -y el Ayuntamiento por pasiva- son parte en el conflicto. Y su versión de la situación creada es sólo eso, una versión. LA LAJA no tiene juristas, pero el Ayuntamiento de Conil no tiene jueces, ni puede convertirse en Juez y Parte. ¿Qué dice la otra parte?. No lo sabemos, pero es ella la que tiene ahora la sartén por el mango. Y esa es la realidad, por mucho que duela, aunque nuestros políticos quieran seguir tratando a la población como menor de edad, y engañándola con el “aquí no pasa nada”.

¿Cuál es nuestra posición ante esta grave situación?. LA LAJA no es parte en el conflicto del PGOU, ni está en contra del desarrollo de Conil sino contra el desarrollo insostenible, que no es desarrollo sino desbocado crecimiento. Estamos contra el “desarrollismo” que esquilma el patrimonio natural y cultural, que es de todos, en beneficio de unos pocos. Y vemos en la situación creada, de ejecutarse la sentencia del TSJA, una oportunidad para corregir algunos desarrollos mal planteados.

¿Qué hacer?. No hay más que una opción, y ya la apuntamos en diciembre de 2003 (Boletín La Laja, nº 3): volver atrás. Cuestión de meses. Lo primero, certificar ante el TSJA el cumpimiento de todas las subsanaciones y/o modificaciones introducidas en el Texto Refundido del PGOU de Conil, y poner dicho texto en exposición pública para Alegaciones. Nosotros las haremos: contra la barbaridad que se quiere construir junto a La Chanca, contra algunos desarrollos litorales y contra todo aquello que desde nuestra óptica suponga una agresión al patrimonio común, con la esperanza de que Conil no sólo crezca... sino que de verdad se desarrolle.

Para terminar, una petición: LA LAJA cree llegado el momento de pedir públicamente la dimisión del Concejal de Urbanismo de Conil, Francisco Alba, verdadero responsable de la situación creada.

 

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