UN NUEVO SIGNIFICADO PARA LOS VIEJOS TIEMPOS. INTERPRETACIÓN DE LA GUERRA CIVIL Y EL PRIMER FRANQUISMO EN CONIL DE LA FRONTERA

   Magdalena González

   Historiadora

 

La historia del tiempo presente tiene como característica específica ocuparse  de unos hechos y un tiempo de los que existen testigos y,  por lo tanto, de los que hay memoria directa. Es por definición “historia vivida” y, aunque memoria e historia sean cosas distintas, esta especialidad historiográfica se ve afectada por las reelaboraciones incesantes de la memoria colectiva que tan profundamente alimentan  la identidad social de los individuos. Es el suyo el terreno del testimonio y la subjetivad, porque entiende de los temas que afectan más directamente a la propia  experiencia  temporal de los seres humanos.

 

Autoridades eclesiásticas, civiles y militares hacia 1941 (colección Francisco González)

En Europa el tiempo de la historia actual tiene como puntos de partida la II Guerra Mundial  y, en el contexto de la misma, la vivencia de unas formas de violencia hasta entonces desconocidas: la experiencia de los estados totalitarios culminó en la “modernidad”, paradójicamente fundamentada en la  racionalidad y la barbarie, de  los campos de exterminio nazi y en el lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Sin responsabilidad, sin  complejos de culpa, el mal se banalizaba hasta dejar al individuo sin capacidad de reclamar sobre su propio sacrificio. De ahí el valor moral de las víctimas, de los supervivientes y de quienes los escuchan, y la obligación de las sociedades democráticas de encarar estas demandas como posibilidad de reparación de la culpabilidad del Estado. De ahí también las posibles implicaciones éticas que se  derivan del “tiempo presente” y de la reflexión sobre el mismo.

 En el caso de nuestro país podemos decir que “su tiempo presente” está conformado irremediablemente por la Guerra Civil, sin que hasta la fecha, y a pesar de los años transcurridos, haya podido darse por concluida la vigencia de sus consecuencias y la actualización de la reflexión sobre su significado. La guerra es el trauma que interrumpe la experiencia democrática y modernizadora de la II República, justifica y valida la dictadura franquista y condiciona la forma en que se llevó a cabo la Transición. Por otra parte, si alguien pensó que con la Transición se cerraba un amargo período de enfrentamiento y división, parece que hoy es el tiempo de matizar ese juicio, porque en realidad, y en relación con la guerra y el régimen nacido de ella, se optó, apoyándose en la ley de amnistía de 1977, por el compromiso de no exigir responsabilidades a quienes habían dirigido y sustentado activamente esa dictadura. En la España actual las nuevas generaciones, que no han vivido la guerra ni la dictadura y que por lo tanto se han formado sin complejos en los valores de la democracia, reclaman en los últimos años, apoyadas en el contexto de las comisiones de la verdad y la justicia internacional, la revisión de un pasado que hizo invisibles a los vencidos, que los humilló con la desmemoria heredada del sistema  franquista mantenida en ocasiones hasta hoy. La denuncia del pacto de silencio y de otros asuntos, como la tutela por las fuerzas de la dictadura del proceso de cambio a la democracia,  o como el abandono de los grupos de izquierda del modelo republicano en favor de una monarquía gestionada por el dictador, viene a incomodar y cuestionar lo hecho  en los años setenta por una parte importante de nuestra clase política, ya histórica ella también.

 Lo cierto es que queda mucho por saber. Y por hacer.  

La guerra en la retaguardia de la Andalucía sublevada se vivió como la resolución violenta del conflicto de clases radicalizado durante la II República. Los poderes tradicionales, en su mayoría los grandes y medianos propietarios de la tierra, la iglesia y el ejército, encontraron en el golpe de Estado del 18 de julio el instrumento para imponer sus intereses: la no participación del campesinado pobre o jornalero en los beneficios agrarios, la no incorporación  de las nuevas clases politizadas al ejercicio del propio poder político y el mantenimiento del esquema ideológico tradicional apoyado en el catolicismo conservador. Es decir, a la altura de 1936, se trataba de un rechazo radical de la experiencia reformista y avanzada que suponía la Republica mediante la defensa violenta de posturas firmemente antidemocráticas. La dictadura pagará estos apoyos proporcionando a sus correligionarios una clase trabajadora dócil, miserable y callada, con la que se intentará amortizar la pérdida de ingresos debida a la crisis agraria  de los años treinta.

 El mundo que nació  de la guerra se justificó en la victoria de una solución fascista, y, como tal, el nuevo Estado buscó el necesario consenso en la participación y el colaboracionismo de las clases populares a través  de todos los mecanismos a su alcance incluyendo la delación, la necesidad de identificarse públicamente con los vencedores y la negativa a “señalarse”, lo que finalmente se convertirá en la norma socialmente más aceptada. La represión y la exclusión violenta se centraron en todos los identificados como amenaza para el orden tradicional: en el caso de Andalucía los jornaleros y trabajadores con ideas propias y las organizaciones obreras, los sindicatos y partidos  que habían desarrollado su capacidad de influencia en la República. Silencio, hambre, analfabetismo y  humillación son las otras formas de violencia que padecieron irremediablemente todos los que perdieron la oportunidad de la democracia y la modernización del país. Que sepamos, nunca pidieron cuentas.

  Si nos acercamos al relato de esta historia en Conil, observaremos cómo se repite el modelo de lo sucedido en la retaguardia rebelde andaluza, aun apareciendo en blanco la hoja de este municipio en la reveladora Causa General. El punto de partida hay que situarlo también en la II República, por lo que ésta tiene  de propósito de cambio social, como ya hemos dicho. Desde abril del año 1931 la clase que tradicionalmente había  detentado el poder, es decir, la oligarquía y  los propietarios de tierras, vieron en la política reformista republicana un peligro para su posición de privilegio, especialmente en  todo lo relacionado con la  Ley de Reforma Agraria, el decreto de laboreo forzoso, el de jurados mixtos o el de intensificación de cultivos. Como sabemos, la situación específica  de Conil excluye la nobleza y sólo se registraban tres latifundios en los años 30; el resto era mediana y pequeña propiedad, pero que igualmente podía ser susceptible de expropiación, como sucedía en toda la provincia de Cádiz. Tampoco las familias de propietarios significativos eran más de seis o siete, aunque siempre ostentaron una situación de poder en el esquema local a partir del hecho patrimonial. Eran los Malpica, los  Borrego, Mora-Figueroa, Romero Abreu, los González, Gutiérrez, Pérez...

Arco de la Villa hacia 1933 (colección José Sánchez)

Los trabajadores de Conil eran en su mayoría jornaleros, pescadores, trabajadores sin cualificación. Pluriempleados, soportando un fuerte paro estacional y con un nivel de vida cercano a la miseria, encontraron en los sindicatos un cauce para la reivindicación. Los trabajadores politizados de este pueblo eran en su mayoría socialistas. El anarquismo no llegó a contar con la infraestructura suficiente para ser significativo a lo largo del periodo. La Asociación Conileña de Oficios Varios y la Asociación “La Espiga” pertenecen a la UGT. También está  documentada la cooperativa agraria “Pablo Iglesias”, y cómo no, las activas Juventudes Socialistas. De todas formas sus acciones podrían ser calificadas, en su mayoría, de moderadas, apenas escandalosas en una sociedad mayoritariamente católica. Oscilaron de la docilidad de los pescadores del Pósito frente a la reacción inmediata de los jabegueros, cuando dieron un golpe de mano para evitar que la asociación profesional pasase a ser una entidad de la UGT, al intento de expropiación de la fábrica de harina. Ahora bien, estos fueron los grupos que tomaron la iniciativa a partir de febrero de 1936. También había una “pequeña burguesía”. Se trataba de un grupo reducido de comerciantes, funcionarios, el médico o  la figura mítica, venida de fuera, del interventor del ayuntamiento, Antonio Sastre Molina. Fueron los que, en parte,  lideraron o apoyaron el intento de cambio, “los que saben”, sin que por lo tanto podamos afirmar que tuviera más importancia el espíritu de clase  que el sentido de justicia social. A veces funcionaron sólo como figuras de enlace. En este grupo también puede incluirse a los republicanos que participaron activamente en las instituciones y en el juego político.

 En conjunto es interesante ver cómo en esta época las redes tradicionales de poder se resistieron a ser desplazadas por las republicanas. También cómo se infiltraron unas en otras, cómo se repiten los apellidos y cómo había una clave  de unión que se esforzó en impedir que la posible transformación social tuviera consecuencias más allá de lo moderadamente aceptable. En lo que sí parece que hubo acuerdo es en  que el paro obrero era el mayor problema de la época, e igualmente es claro el fracaso de las reformas republicanas a la hora de encontrar una solución. Las autoridades locales, más cercanas, no podían desatenderlo, pero lo utilizaron rápido con sus listas de beneficencia y vecinos pobres para asegurarse redes clientelares a las que seguir pagando votos (a veinticinco pesetas).

 La victoria del Frente Popular en las elecciones de 1936 se tradujo en una radicalización de las iniciativas de la clase trabajadora, a las que desde el ayuntamiento se intentó responder. Las nuevas autoridades locales, mucho más comprometidas a partir de ese momento y con un alcalde apodado cruelmente por algunos “Don Nadie”, dieron curso al anticlericalismo, que era otra de las señas de identidad del movimiento obrero: la iglesia parroquial fue expropiada y el cementerio secularizado. De igual manera son constantes las referencias a la obligación prioritaria de dar solución al mayor problema, el del paro obrero. Así  se votaron peticiones de créditos, inversiones en obras públicas, se auxilió a todo tipo de necesitados, se viajó constantemente a Cádiz en busca de ayudas o soluciones y el “problema social” desencadenó repetidas crisis municipales. Los jornaleros estaban en la calle, las mujeres también y los incidentes en la convivencia se repetían. Había una voluntad de que las cosas cambiasen, o quizá se trataba sólo del convencimiento de que debían cambiar.

 La guerra civil se desplaza en Conil, y así lo atestiguan las fuentes orales, a la experiencia de la represión y la violencia política, justificadas por el desarrollo histórico precedente y por el esquema del enfrentamiento al que me vengo refiriendo. El día 21 de julio de 1936 los fascistas, acompañados por un grupo de “regulares”, tomaron el ayuntamiento y comenzaron a detener a todos aquellos “señalados” que encontraron en su búsqueda. El sistema democrático no respondió y surgió de manera automática un nuevo régimen que ejerció la violencia como forma específica de control social. Objetivos prioritarios fueron la clase trabajadora y la clase política que habían participado en el intento democratizador de la II República. Los falangistas (algunos de los de Conil muy representativos en la organización provincial), las nuevas autoridades locales (vinculadas no sólo a Falange, sino  al esquema caciquil anterior a los años treinta), la Iglesia (firmemente asociada al nuevo poder y beneficiada por éste) y las fuerzas militares (guardia civil y numerosos efectivos de diferentes cuerpos acantonados en el pueblo) fueron los factores por los cuales la oligarquía tradicional recuperó o, mejor dicho,  aseguró el poder, pues nunca lo había perdido, apoyada por sus clases de servicio y los pequeños y  medianos propietarios de tierras. Éstos habían ido evolucionando hacia posturas mucho más conservadoras a lo largo del periodo republicano, ya que se sintieron perjudicados gravemente en sus intereses por la política social y laboral que habían aplicado las diferentes instituciones de la época, controladas por socialistas y republicanos. Querían y necesitaban orden.

 No hubo resistencia cuando el golpe de estado llegó al pueblo. Hubo huidas, miedo, expectación, alarma ante las noticias que llegaban de Vejer. Fue el momento de los ajustes de cuentas, de los vecinos y las denuncias, pero también de las ayudas providenciales, heroicas, agradecidas hasta hoy. Cuando la gente “cuenta” la guerra, el relato colectivo señala reiteradamente dos momentos especialmente dramáticos: la entrada en el pueblo de los falangistas acompañados por “los moros”,  que, armados y en camiones, toman el ayuntamiento y atemorizan a la gente según descripciones fuertemente racistas, y el fusilamiento de siete de los detenidos el día de la patrona del pueblo, la Virgen de las Virtudes, el once de septiembre. Unos días después  fueron asesinados otros dos hombres y finalmente, el día de la Inmaculada, el ocho de diciembre, otro de los más jóvenes encarcelados. Todos ellos solteros, excepto uno, jóvenes, gente del campo, barberos, zapateros..., socialistas. La percepción de estos asesinatos permanece como algo no asumido, un castigo injusto, desproporcionado, salvaje, para el que se eligieron unos días de fuerte carga simbólica con el fin de que nunca desaparecieran de la memoria. Esta es la explicación del núcleo del relato. ¿Quién disparó? ¿Dónde fue? ¿Quién elaboró, si es que la hubo,  la lista que los eligió? Los encargos que dejaron hechos, los compromisos morales a los que su muerte dio lugar, el silencio, la extrañeza de que nadie los buscara después... Son los hitos de la memoria que posibilitan un recorrido por la conciencia y crean una forma determinada de estar en el mundo. “Los mataron por na”. Entrar en el significado profundo de muletillas así es una de las obligaciones  a las que me refería en el principio de este artículo. Se trata también de subrayar el valor de la memoria para la historia.

 Los nombres de los caciques son los de los jerarcas falangistas, “los amos del pueblo hasta hace na”, en una de las frases más repetidas de las fuentes orales (no se puede entender gran parte de la vida de este pueblo sin la figura de “Don Carlos” Romero Abreu), pero no únicamente, puesto que fueron inmediatas las afiliaciones a Falange y desde todo el espectro social, conformándose un partido asombrosamente interclasista con los viejos, los nuevos, los oportunistas, los asustados, los tibios.... Fueron los comparsas de la ruptura y del nuevo orden. Éste es evidentemente  sistemático en todas sus formas y no el resultado de arrebatos o supuestas venganzas, aunque las hubiera: asesinatos, detenciones, palizas, humillaciones; ochenta y ocho encausados documentados por la Ley de Responsabilidades Políticas; diez consejos de guerra que yo conozca hasta este momento, de los que existe expediente en distintos tribunales militares encargados de aplicar la “justicia al revés”, expropiaciones, inhabilitaciones, destierros y depuraciones. En resumen, todo el recorrido por las formas de imposición del nuevo régimen a pesar de que no existió un solo caso de violencia republicana. Se trataba de una operación de limpieza.

 Pero la guerra fue también el mundo de los quintos que marcharon al frente, los voluntarios falangistas que participaron en la toma de la sierra de Cádiz, los que murieron en Pozoblanco, en la provincia de Córdoba o en Extremadura. Fueron “los caídos” cuya lápida desapareció de forma premonitoria en los años 80. Tampoco podemos olvidar a los que participaron en la guerra con el ejército republicano. Ellos consiguieron escapar o fueron los “raptados” por los barcos del Estrecho, los  que cuando consiguieron volver, después de viajes y episodios rocambolescos, internamientos en campos de concentración y otras calamidades, estuvieron obligados a ser invisibles. Y los escondidos, los vigilados...

  La labor del ayuntamiento durante los años de  guerra y en los primeros cuarenta resultó clave, pues el régimen franquista descargó sobre las autoridades locales una de las partes quizá más  importantes de la maquinaria represiva. En nuestro caso sabemos que la corporación municipal, presidida incluso por algún maestro nacional, fue en todo punto colaboradora fiel y eficaz, teniendo como característica propia  estar  manipulada desde dentro y al servicio de los intereses de los jefes falangistas más destacados, que con preferencia eligieron posiciones discretas, aparentemente  no protagonistas. También la Iglesia como institución colaboró activamente con la política de violencia desatada en julio de 1936. El cura párroco Andrés Vera, confesando a los que van a ser asesinados, forma parte del imaginario de una generación. Precisamente se trata del mismo  cura que estaba destinado en el cercano pueblo de Casas Viejas en 1933. Después la Iglesia siguió denunciando y sojuzgando, firmando informes para  certificados de buena o mala conducta cada vez que le era requerida información sobre cualquier vecino del pueblo. En este proceso exhaustivo de control social firmaban el comandante de puesto de la guardia civil, el jefe local  del movimiento, el alcalde y un par de vecinos a los que se capacitaba para lo mismo: son descripciones de la vida laboral y la privada, de las conciencias y el valor moral de cada cual. El camino a un futuro seguro o indeterminado.

 “Flechas” desfilando en 1936 (colección Alberto Domínguez)

El propio paisaje urbano y demográfico se transformó también  como consecuencia de las nuevas y obligadas formas de convivencia: en los primeros años de la década estuvieron acantonados en el pueblo, como ya he dicho, colectivos de varios cuerpos militares: legionarios, carabineros, ingenieros, regulares y un batallón disciplinario  con cerca de mil presos políticos (“los guripas” de las fuentes orales). Y lo que parece más dramático: la violencia estuvo en el vivir de cada día, en las formas de vecindad, es decir, en la irremediable imposición de la vida cotidiana entre represores y víctimas, y en las múltiples justificaciones del posicionamiento de “la mayoría silenciosa”. ¿Cuáles fueron las bases sobre las que fue posible compartir el tiempo transformado?

 Cuando en Conil se pregunta por la guerra, los entrevistados suelen situarse en los años 40. Lo hacen porque la mayor parte de los que nos informan hoy son los niños que llegaron a la adolescencia en esos años. Resultaron las víctimas más frágiles de la cadena del hambre, la enfermedad y la falta de formación. Fueron también los destinatarios de la beneficencia en la que se afanaron con carácter redentor las diferentes organizaciones falangistas. Asistieron a los registros en sus casas, llevaron la comida a los detenidos, corrieron “detrás de las pelonas”, tiraron piedras a los presos, algunos fueron insultados con el nombre de “rojos”, trabajaron para personas a las que temían, desfilaron contentos con sus miméticos uniformes o esperaron cada día en las colas del comedor de Auxilio Social. Han vivido de manera traumática las consecuencias de la guerra y la dictadura que hasta ahora quisieron olvidar, y hoy  pertenecen a la generación que mantiene la memoria directa y recobrada de nuestro tiempo presente. Ellos son los que  han experimentado el vértigo del cambio con la llegada de la democracia, de sus pensiones y su alta esperanza de vida, de no tener que trabajar por fin y que les paguen, como si de algún extraño privilegio se tratase. La letanía que exponen como resumen de su vida.

  Al igual que ocurrió en cada pueblo de la geografía española, la dictadura franquista tuvo consecuencias terribles para la mayor parte de la población. Se vio condenada a vivir en la pobreza, el miedo, el atraso y la ignorancia. Del enorme alcance de esta experiencia vivida por varias generaciones dan prueba códigos todavía hoy descifrables. Sirvan de ejemplo la desconfianza frente a lo público entendido como servicio social,  la falta de asunción real del sentido democrático (con frecuente desprecio de las normas de convivencia) o la alta tasa de analfabetismo que todavía hoy identifica a la generación de la postguerra, como puede constatarse en el caso de Conil. Hablar en este pueblo es percibido hoy como un riesgo, un compromiso que todavía demasiadas veces se prefiere eludir. En cierto modo, el esquema  de organización y representación política y social que se generó a partir de la guerra y la represión es todavía un esquema vigente. Resulta y reconocible, incluso desconociendo su origen, hasta para las generaciones más jóvenes, que empiezan  a realizar una nueva lectura de los relatos de sus abuelos.

 Ancianos en Ayuntamiento, hacia 1943 (colección Francisco González)

Los traumas colectivos tienen el poder de ser generadores de memorias “de larga duración”. La memoria se refugia para sobrevivir, frente a la pretensión totalizadora  del Estado, en las familias y redes de resistencia clandestina. Los episodios que manifiestan las profundas tensiones sociales son los que la memoria  colectiva frecuentemente ha reinventado y fijado en relación con lo que ocurrió después. La valoración de los mismos, la búsqueda de sus coordenadas explicativas actualizan el pasado y lo hacen presente. El estudio de la violencia política generada por la guerra y mantenida durante la dictadura franquista necesita conocer la memoria de la misma, su percepción colectiva, los canales de transmisión cultural en los que se sustancia, sus caracterizaciones discursivas, la “utilidad” de sus mitos políticos e ideológicos de poder. En definitiva, ver cómo se crea una cultura política específica  a partir de la práctica violenta que encarna la dictadura, y hasta qué punto influye o está presente en la actualidad.  

El vínculo generacional es la memoria, pero ésta nunca es única. Cada generación reelabora constantemente un patrón mnemónico al que le va dando distintas utilidades. Las memorias sucesivas de un hecho traumático están ligadas a la sucesión misma del poder y sus fluctuaciones, y a los usos que el poder pretende hacer de la memoria histórica. Aunque las memorias convivan y se solapen, siempre hay una que será durante un tiempo la dominante y sobre ella se generarán parte de las tensiones que todo cambio conlleva.  Como sabemos, el movimiento de la “recuperación de la memoria” ha conseguido poner de manifiesto la necesidad de reinterpretar la historia inmediata de nuestro país, dando un nuevo valor a la lucha y a la resistencia antifranquistas para fundamentar en ellas nuestro actual sistema democrático. Sin embargo, y como podemos observar cada día en los medios de comunicación,  estamos lejos de conseguir el acuerdo político que garantice la serenidad imprescindible para hacer una nueva lectura de nuestro pasado más reciente, lo que nos permitiría con seguridad curar los estigmas de una larga dictadura. Los jóvenes actuales asisten incrédulos al desvelamiento del pasado, en el que sitúan sus experiencias familiares. Enlazando con lo dicho al principio de este artículo, nos encontramos con la aportación ética del posicionamiento en el mundo a través de la dignificación de las víctimas, el respeto a las mismas y la exigencia de la solidaridad y de justicia. 

También las fuentes orales permiten acceder a lo que de otra forma permanecería oculto, cuyo valor dará lugar a la creación de un patrimonio memorial que en las sociedades democráticas pertenece a todos. Por ello debe ser propiciado, gestionado y difundido por los poderes públicos, asegurando así el derecho al conocimiento que en un estado de derecho asiste a los ciudadanos. 

Tenemos nuestra experiencia cercana para trabajar y reflexionar a partir de ella: fue el valor de la palabra. Lo que llenó de emoción la plaza de la Torre de Guzmán un día de febrero de 2004, en el que se leyeron en voz alta los nombres de quienes desaparecieron en aquellas madrugadas del treinta y seis. Esos nombres obligan a un compromiso contra lo que nunca debe volver a ocurrir, lo que implica precisamente la leyenda de la placa que en esa fecha el ayuntamiento democrático colocó en un muro de la plaza de la Torre de Guzmán: “El pueblo de Conil en memoria respetuosa de todos los que sufrieron la violencia, la represión y el silencio a causa de la guerra civil española de 1936”.

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