POLÍTICOS EN LA COSTA

  La Laja

 

El territorio es uno de los principales recursos de la región andaluza, y entre los diferentes medios naturales la costa es sin duda el que ofrece hoy mayores posibilidades de desarrollo. Pero dicho esto, hay que decir también que el territorio es uno de los recursos más limitados y peor gestionados.

 La provincia de Cádiz no es una excepción. Los ayuntamientos costeros están metidos hasta el cuello en la expansión urbanística, o mejor dicho, en el monocultivo turístico, olvidando otros sectores de actividad económica. La ecuación turismo igual a desarrollo es hoy la verdad suprema: construir hoteles, apartahoteles, campos de golf, urbanizaciones... Crecer, ofertar, vender... Y mientras, nuestro litoral se satura de edificaciones, las infraestructuras se multiplican pero no dan abasto, la playa se masifica en temporada y después queda desierta, más desierta que antes, cuando no había tanto hormigón ni tanto asfalto.

 

 ¿Bajo más dos? Escombros en la Zona de Servidumbre del DPMT

 Estamos construyendo mucho, demasiado. Andalucía construye ya más que Inglaterra (los ingleses construyen aquí), de modo legal o ilegalmente, con licencia o sin ella, con escaso o ningún control. Las presiones vienen del poder económico (particulares, bancos o empresas) y la complicidad la pone el poder político (Junta y ayuntamientos, del signo que sean), siempre amable con los ejecutivos del maletín y la corbata. La especulación es descarada, evidente, como la corrupción, su hermana. ¿Sabemos a dónde vamos o estamos instalados en el cinismo y frivolidad del presente?

 Los ayuntamientos, faltos de recursos para cubrir infraestructuras y servicios básicos, recurren a la recalificación de terrenos. Es el pez que se muerde la cola. Se echa en falta una planificación superior (regional o estatal) que ordene y controle la enormidad de desarrollos urbanísticos en curso. Todos hablan de “desarrollo sostenible”, pero turismo y medio ambiente chocan cada vez más. Y en el caso de Andalucía, la Ley de turismo ni siquiera recoge la declaración de “zona saturada”, por ejemplo Chiclana, que es el modelo que se propone desde el poder político y mediático, el modelo que triunfa, el modelo a seguir. Desde Chipiona a Tarifa, pasando por el Puerto de Santa María. Todo se construye, y se siguen haciendo Planes para construir más, mucho más. La razón que se da es siempre la misma: desarrollo económico y empleo. Ese es el discurso. 

La costa suratlántica es sólo un ejemplo, especialmente hiriente por su privilegiada naturaleza: hoteles en el mismo cabo Trafalgar, urbanizaciones sobre enebrales y cárcavas en Roche, megacomplejos turísticos proyectados en la playa de Los Lances o en El Palmar... y descontrol en el campo, por todas partes, en Conil y en Chiclama, en el Palmar, en los Caños o en Atlanterra. ¿Dónde está la planificación supramunicipal?. ¿Hay que dejar espacios libres en el litoral? ¿Para quién gobiernan los políticos?. Los canarios lo van teniendo claro: acusan a los políticos de gobernar para los empresarios y de engañar a la opinión pública, de estar movidos por oscuros intereses, de gobernar de espaldas al ciudadano, manipulando la información, trampeando e incumpliendo las Leyes

Estamos sufriendo una agresión sin precedentes, en primera línea de playa, en la segunda y en la tercera. Por delante, hoteles, en medio apartamentos y urbanizaciones, y por detrás, en segunda y tercera línea, cuando no en primera, masiva construcción ilegal sobre un territorio limitado, suburbanización tercermundista, un verdadero caos al que nadie se atreve a hincar el diente y del que se culpan unos a otros, pero al que todos colaboran: empresas eléctricas, cajas de ahorros, empresarios sin escrúpulos, ayuntamientos complacientes y poderes supralocales que sólo miran los números. ¿Mafia? ¿Qué está pasando si no en Marbella o en El Puerto? 

El problema es complejo, pero a nosotros se nos ocurren algunos paliativos, para empezar a poner freno a este descoque. He aquí algunas medidas de higiene pública: 

1.       Reformar la legislación de Turismo: incluyendo la figura de zona saturada, estableciendo criterios estrictos de permeabilidad litoral, contemplando moratorias y cupos de licencias o la prohibición de vender el territorio a los extranjeros no residentes. Esto último ya se practica en Suiza, donde éstos sólo pueden alquilar, pero no comprar. Porque allí han decidido que el territorio no está en venta, como aquí, en el Sur. 

2.       Restar competencias urbanísticas a los ayuntamientos, en favor de la planificación a medio y largo plazo, de la Ordenación del Territorio, que debe estar dirigida y, sobre todo, controlada (diputaciones, Junta, Estado, Europa). Terminaremos así con el conflicto actual entre la ordenación territorial y la gestión urbanística. Los Ayuntamientos no pueden ser juez y parte en el proceso urbanizador. Las nuevas construcciones con su pago de licencias y de IBI son su fuente de ingreso fundamental; les interesan demasiado como para decidir con independencia qué debe y qué no debe urbanizarse o construirse.  

3.       Dotar a los ayuntamientos de mejores recursos financieros, para independizarlos de las recalificaciones y posibilitar la prestación de servicios o la inversión en la conservación de los recursos, que es el principal activo y  atractivo de nuestros municipios costeros.  

4.       Reforzar los mecanismos de control. Hace falta mucha más transparencia, más democracia real, dar la mayor publicidad a los convenios y a los Planes, a través de Internet. Los ciudadanos residentes en un municipio deben saber con suficiente antelación qué es “lo que se cuece” entre políticos y empresarios, para poder tener verdadera voz y medios de acción. 

Un progreso equilibrado es aquel en el que confluyen la eficiencia económica, la cohesión social y el uso racional de los recursos naturales. ¿Son económicamente eficientes los hoteles que se cierran seis meses al año o las casas y apartamentos que permanecen vacíos durante nueve? ¿Dónde están los beneficios sociales del turismo?.

Por otro lado, los Ayuntamientos convenian los nuevos crecimientos urbanísticos con empresas promotoras y constructoras (las de los ejecutivos de maletín...) y los ciudadanos de a pié no encuentran donde construir sus viviendas para vivir, viéndose obligados a la lamentable construcción ilegal que nos conduce al caos y el desorden territorial. ¿Estamos verdaderamente preservando nuestro principal recurso, el territorio?  

 Negocios en Monte Público, Roche Viejo

REFERENCIAS EN PRENSA:

-“Los planes urbanísticos deben obedecer a un modelo estatal”, Entrevista a Domingo Jiménez Beltrán, ex-Director de la Agencia Europea de Medio Ambiente. EL PAÍS, 2 enero 2005

-“El Nunca mais canario. Decenas de colectivos ciudadanos de Tenerife se organizan contra los grandes proyectos de infraestructuras”. EL PAÍS, 9 enero 2005.

-“El Plan de Turismo debe ligarse a la planificación urbanística”. Entrevista a Javier Sola, doctor en Derecho y mención especial en los premios Blas Infante. Diario de Cádiz, 10 enero 2005.

-“Hubiese sido mejor hacer los PGOU en paralelo a planes de ámbito superior”. Declaraciones de la Consejera de Obras Públicas de la Junta. Diario de Cádiz, 13 abril 2005.

-El 2º Informe de Sostenibilidad en Andalucía: “Un grupo de expertos advierte que el modelo de turismo en el litoral es “insostenible” a medio plazo, EL PAÍS, 27 abril 2005

-“Debate: Urbanismo y Ayuntamientos”. Sobre el “boomerang” de Chaves pidiendo control urbanístico a los alcaldes y amenazando con suspenderles competencias. Diario de Cádiz, 29 abril 2005

-“La Junta debe extremar su labor de control urbanístico”, Entrevista a Jesús García Calderón, Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. EL PAÍS, 2 mayo 2005

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