EL P.G.O.U. DE CONIL: LAS RAZONES DE SU SUSPENSIÓN

  Junta Coordinadora de La Laja 


    La reciente Sentencia de 16 de septiembre de 2003 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que suspende el PGOU de Conil, viene a demostrar el “chapucero” proceso de aprobación de dicho instrumento de planeamiento. Desde el punto de vista de LA LAJA, la culpa de lo ocurrido la tienen, a partes iguales, la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CPOTU) de Cádiz y al Ayuntamiento de Conil.

   El PGOU era todavía en 2001, tras más de diez años de elaboración y tramitación, un documento “inmaduro”. Era agresivo con el litoral (a pesar de las “desclasificaciones” de suelo) e indiferente con el acelerado deterioro del Conjunto Histórico. Pretendía “legalizar” el diseminado rural sin urbanizarlo, etc. Aparte de los innumerables defectos de forma (falta de documentación, de planos, incorrecciones de todo tipo...). No obstante, fue aprobado por la CPOTU de modo “definitivo”, aunque pendiente de numerosas subsanaciones y/o modificaciones “esenciales”, que debían ser introducidas en un Texto Refundido.

   Evidentemente la Comisión Provincial no debió aprobar en 2001 un documento así, pero lo hizo. Para mejorarlo ha estado más de un año “negociando” el Texto Refundido con el Ayuntamiento. Esto ha sido positivo, pues el Texto Refundido ha mejorado notablemente el PGOU original, en aspectos “esenciales”, entre los que queremos destacar tres:

a) Ha reducido la edificabilidad litoral y ha empujado las edificaciones hoteleras fuera de la zona de servidumbre de Costas. En este sentido llaman la atención los comentarios que la ponente de la Comisión, doña Carmen Marcet, hacía sobre el PGOU: ¿cómo puede un documento que se dice conservacionista –se preguntaba- invadir la servidumbre de protección del dominio público, creando pantallas arquitectónicas litorales? (El Chan, La Palmera...).

b) Ha obligando a incluir el compromiso municipal de elaborar un Plan Especial de Protección para el Conjunto Histórico y entretanto, para protegerlo, se incluyeron (fotocopiadas en el PGOU) una normativa sobre licencias de obras y otra de protección del patrimonio arqueológico, además de importantes cambios en varias Unidades de Ejecución. En La Chanca (UE V-9), por ejemplo, se prohibió expresamente –por mandato de Cultura- la construcción de 19 viviendas “dentro” del edificio histórico y se exigió un Estudio de Detalle para las 15 viviendas que el Plan preveía construir en su mismo borde (ED que, dada su agresividad con el monumento, LA LAJA ha recurrido ante el TSJA, como explicamos en otro artículo de este Boletín nº 3).

c) Ha impedido la “legalización” de núcleos rurales, carentes de los más elementales servicios de alcantarillado, agua o electricidad, donde proliferan una infinidad de construcciones ilegales, en su mayoría segundas residencias o casas para alquilar en verano. A este respecto, la Comisión recordaba al Ayuntamiento que dicha “aspiración” iba en contra la misma idea de “ordenación” que es el fundamento de todo Plan General. Se dijo al Ayuntamiento lo lógico: urbanicen ustedes primero, y después podrán declarar urbanos dichos “núcleos”.

   En fin, pongamos que el Texto Refundido incluía 100 modificaciones, muchas de ellas “esenciales”. Pues bien, en marzo de 2002, cuando todavía no habían sido introducidas más que unas 30, dicho Texto fue sacado a exposición pública para Alegaciones. Pero todavía faltaban 70 modificaciones –muchas “esenciales”- sin introducir. Ciertamente, se fueron incluyendo con posterioridad (noviembre de 2002 y enero de 2003), pero sin exposición pública. ¿Por qué no ha obligado a ella la Comisión?.

   El Texto que pudimos consultar en marzo de 2002 no nos gustó por muchas razones: seguía careciendo de normativa de protección para el Conjunto Histórico, duplicaba la extensión de la Villa y saturaba de construcciones hoteleras nuestro litoral, los llamados Litoral Centro –entre Conil y Fuente del Gallo- y Litoral Norte –desde la Cala del Aceite y el puerto pesquero hasta la Urbanización de Roche. He aquí los datos sintetizados:


   Como puede verse en el gráfico –o paseando por Conil y su término- las obras en ejecución en la Villa y el Litoral Centro son muy importantes, y el suelo programado para urbanizar es también de una cuantía considerable, sobre todo los terrenos municipales a construir por ROSAM en el Litoral Norte. ¿Qué pasará con el diseminado “rural”?. ¿Va a ser realmente “controlada” su vertiginosa expansión? (aquí los datos del PGOU están desfasados, y se sigue construyendo mucho). La Comisión Provincial ha recomendado un Plan Especial del Diseminado. ¿Para cuándo?

   Lo negativo, por tanto, en la actuación de la CPOTU fue la aprobación de un documento muy “inmaduro” y que, tras sucesivas “correcciones” no obligara al Ayuntamiento de Conil a una exposición pública previa a la aprobación definitiva de la totalidad del PGOU. El Texto Refundido –digan lo que quieran decir el Alcalde de Conil o la delegación provincial de Obras Públicas- sólo se sacó a exposición en marzo de 2002, pero no en noviembre de 2002 o enero de 2003, tras la realización de modificaciones “sustanciales” que han sido desconocidas por la ciudadanía hasta su reciente publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (8 de septiembre de 2003).

   Pero el Tribunal de Justicia de Andalucía ha sentenciado en septiembre de 2003 que no tiene valor la aprobación de la CPOTU de agosto de 2001, lo que equivale “de facto” a la suspensión del PGOU de Conil. Los argumentos básicos son dos: no se puede aprobar parcialmente un Plan que pretende ser general, pues sin visión general del territorio no existe PGOU, y por tanto no debe existir aprobación del mismo. Y además lo que faltó por aprobar es “esencial” en la planificación del territorio. Por otra parte, el Tribunal falla que ha faltado la exposición pública que requieren dichas modificaciones “esenciales”.


   El hecho causó gran alarma y desconcierto entre el Equipo de Gobierno, lo que aprovechó un sector de la oposición municipal para pedir la dimisión del Alcalde. Pero el Concejal de Urbanismo, volviendo apresuradamente de sus vacaciones en la Costa del Sol, contraatacó: iremos al Supremo (amparados, esta vez, por la Junta o a “rebufo” de ella). El recurso de casación presentado por la Comisión Provincial ha hecho posible que el PGOU siga hoy en vigor, pendiente de la Sentencia que dicte el Tribunal Supremo, dentro de dos o cuatro años...

Chalés en Cala Encendida (Roche) y apropiación de la servidumbre DPMT


   A LA LAJA le preocupa esta “huida” hacia delante, sin reconocer errores. Creemos que en las tareas de gobierno no conviene dejarse llevar por “impulsos”... que luego pudiéramos lamentar. Pues ¿y si el Supremo ratifica la Sentencia? ¿Han pensado en ello nuestros gobernantes? ¿Para qué seguir ejecutando un PGOU que sólo genera incertidumbre? ¿No hubiera sido más sensato suspender temporalmente el planeamiento vigente desde enero de 2003, volver a sacar a exposición pública para Alegaciones el Texto completo del PGOU, y certificar ante el Alto Tribunal Andaluz (¿serán del PSOE o del PP?) el cumplimiento de las modificaciones y/o subsanaciones, que no meros “defectos de forma” del Texto?.

   Lo dijimos hace ya más de un año (“El Conil que nos preocupa”, charla-debate organizada por La Laja), y lo reiteramos hoy: es una lástima y un escándalo que un PGOU que presume de “conservar” el Medio Ambiente, sea impugnado desde una Asociación ciudadana que defiende el Patrimonio o desde los Tribunales por agresivo con el patrimonio (natural y cultural) y por antidemocrático. 

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